Sánchez y Batet maniobraron en el Congreso para asaltar el Constitucional sin oír a Europa ni a los jueces

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene en la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, también socialista, a la mayor cooperadora necesaria para perpetrar su asalto al Tribunal Constitucional. Prueba de ello es cómo el Gobierno ha hecho dos reformas del Poder Judicial, una ya recurrida en amparo por la oposición y la segunda en ciernes, sin recabar informes del CGPJ ni de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. Es más, cuando el PP los ha reclamado en sede parlamentaria por los cauces oficiales, se ha encontrado con prácticas marrulleras de Batet para taponar esa vía y evitar todo debate.

De hecho, el propio Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a acordar el pasado 11 de julio pedir al Congreso de los Diputados que le solicitase un informe sobre la proposición de la contrarreforma del CGPJ (habilitarle sólo para los dos nombramientos del TC estando en funciones). Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces también acordó solicitar a la Cámara baja que recabase informe de la Comisión de Venecia sobre la misma iniciativa legislativa.

Sin embargo, aquella petición del CGPJ no tuvo recorrido, pues apenas tres días después, el 14 de julio, PSOE, Podemos y sus aliados de la mayoría Frankenstein aprobaron en el Congreso dicha proposición del Grupo Socialista, con la autoenmienda que fijó el 13 de septiembre como plazo máximo para que el CGPJ nombrase a sus dos candidatos. Ese plazo se cumplió el pasado martes sin ninguna propuesta de nombramientos.

Si bien tales informes reclamados por el CGPJ no eran preceptivos al tratarse de una proposición de ley (en lugar de un proyecto de ley del Gobierno), el PP ha venido subrayando que eran necesarios. De hecho, según revelan fuentes del PP, el Grupo Popular llegó a presentar un escrito para tal fin ante la Mesa de la Congreso, pero Meritxell Batet lo metió en la nevera hasta la reunión de la pasada semana, en la que el órgano de Gobierno de la Cámara -con mayoría de PSOE y Podemos- desestimó esta solicitud de los populares por «extemporánea», esgrimiendo que la proposición de ley ya se aprobó el 14 de julio, apuntan las mismas fuentes.

«Motu proprio»

Precisamente, tres días antes de aquella votación y el mismo día en que el CGPJ acordó pedir dichos informes, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se pronunció en estos términos en rueda de prensa en Génova a pregunta de OKDIARIO: «Nos parece de todo punto sensato que en las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial se escuche al Consejo General del Poder Judicial. Preceptivamente se le debe escuchar cuando se trata de un proyecto de ley, cuando se trata de una proposición de ley, esa consulta no es preceptiva, pero yo creo que está en el régimen de garantías del sistema democrático».

«No creo necesario que el CGPJ diga nada para que el Congreso de los Diputados de ‘motu proprio’, porque no es el Gobierno en este caso, decidiera someter a consulta del Consejo el contenido de esta ley», remarcó González Pons, eurodiputado e interlocutor del PP con el Ejecutivo en esta materia.

«Intervención»

Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, culpó este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «tensionar» aún más al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de tres años y medio caducado, tras haber impulsado desde el Congreso una ley para renovar el Tribunal Constitucional que «todo el mundo sabe» que es «inconstitucional».

Feijóo se refirió así a la primera reforma del CGPJ, que se aprobó en 2021; que impidió al Consejo cualquier nombramiento estando en funciones y que se corrigió el pasado julio con la citada contrarreforma para permitir sólo los dos nombramientos del TC (y ninguno del Supremo).

«Lamento profundamente la situación institucional del Consejo porque esta situación trae causa de que el Gobierno ha intervenido el Consejo y le ha prohibido hacer nombramientos», señaló Feijóo en la segunda edición de AVANZA-Foro de Empresa Familiar celebrada en Murcia. El jefe de la oposición recordó que «hay un 20% de vacantes en el Supremo».